A pesar de los avances políticos para mejorar la protección del gran ecosistema del Amazonas, la deforestación de su selva ha aumentado entre 2012 y 2013 después de casi una década de una reducción drástica. Este hecho alerta a las organizaciones a no desistir en su lucha contra la infinidad de elementos que hacen de esta lucha una de las más complicadas para conservación del medio ambiente.
Entre agosto de 2012 y junio de 2013 el Instituto Imazon detectó un aumento de 100% en la deforestación. Los datos provisionales del gobierno hasta mayo indican un aumento de 30%.
Brasil consiguió reducir la devastación de su selva a 4.571 km2 en 2012, el mínimo en décadas, tras el alarmante máximo de 27.772 km2 en 2004. La medición anual de la deforestación va de agosto a julio, pero el gobierno insiste que los datos definitivos se conocerán al final del año con información de los satélites más precisos.
Las cifras de la deforestación coinciden con grandes obras y leyes que afectan a la región, aprobadas por un Congreso que tiene una poderosa bancada favorable al agronegocio, en este gigante país productor de materias primas.
En octubre fue sancionada una reforma del Código Forestal, impulsada por la bancada agropecuaria y enfrentada por los ecologistas. Esa ley definió qué los agricultores y ganaderos deben preservar en sus predios en la Amazonia un 80% de la cobertura selvática.
"Una de las razones del reciente aumento de la deforestación fue el Código Forestal: provocó un rumor que el productor interpretó como una amnistía" a quiénes deforestan, declaró a la AFP el secretario de Municipios Verdes del estado de Pará (norte), Justiniano Netto.
El gobierno brasileño, presidido por Dilma Rousseff, "continúa impulsando grandes obras, pero no creó nuevas áreas protegidas y casi no demarcó tierras indígenas, que son barreras contra la deforestación, y al mismo tiempo depende del apoyo de un frente político, (que integra) el agronegocio, que tiene un gran poder que no tenía antes y una agenda muy clara de revisión de políticas indígenas y áreas protegidas", dijo a la AFP el responsable de Amazonía de Greenpeace, Paulo Adario.
Los indígenas están en pie de guerra ante iniciativas en debate en el Congreso, como la posibilidad de instalar concesiones mineras o haciendas en sus tierras, y que sea el parlamento quien demarque sus territorios, un asunto actualmente en manos del gobierno, destacó Cleber Buzzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista (CIMI). "Es un proceso de ataque violento a los derechos indígenas", dijo.
Líderes de 121 etnias de todo el país invadieron la Cámara de Diputados en abril para reclamar sus derechos y acusaron a la presidenta de anti indígena.
Los analistas se resisten a concluir que el aumento indicado en la deforestación esté marcando una nueva tendencia en el país que en ocho años logró reducir en más de 80% la devastación de la selva, pero advierten que hay que poner manos a la obra.
"Brasil tiene las armas para seguir reduciendo la deforestación, pero no puede aflojar las reglas, precisa dejar claro que no aceptará amnistías y actuará con dureza contra quienes deforestan", afirmó Adalberto Veríssimo, investigador del Imazon.
Los analistas identifican una nueva tendencia en buena parte de la deforestación: la especulación en tierras alentada por grandes obras de infraestructura o logística, como hidroeléctricas, carreteras o puertos, que mejoran la perspectiva de desarrollo económico.
"Brasil tiene que invertir en la prevención: muchos de los daños ambientales y sociales de esas obras pueden ser prevenidos", afirmó Ian Thompson, director del progama Amazonia de la ONG The Nature Conservancy.
Una reciente medida siembra esperanza: el Instituto de la Reforma Agraria del gobierno se comprometió la semana pasada a reducir en 80%, para 2020, la deforestación en los territorios de la Amazonia entregados a los campesinos sin tierra, donde se había denunciado un significativo aumento de devastación.
Fuente original: http://www.teletica.com
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